La Municipalidad de San Miguel de Tucumán recibió en los últimos días una queja conjunta de parte de distintos colegios profesionales sobre la “inacción” en la resolución de trámites técnicos en la Dirección de Catastro. Funcionarios de la Capital reconocen que existen ciertas demoras en la aprobación de carpetas, pero afirman que se trata de un proceso de reorganización que podría normalizarse en las próximas dos semanas.
La nota pide a la intendenta, Rossana Chahla, que se realice una audiencia con las instituciones firmantes: el Colegio de Arquitectos, el de Ingenieros Civiles, el de Escribanos y el de Agrimensores, el Consejo Profesional de la Ingeniería de Tucumán y el Centro de Ingenieros de Tucumán. Según sostienen, “las consecuencias en su deficiente tramitación exceden al daño que se infligen al ejercicio profesional de nuestros colegas y ya tiene que ver, entre otras cosas, con la inmovilización económica en la rueda inmobiliaria y de la construcción en general”.
Irregularidades
Catastro y Edificación depende de la Secretaría de Obras Públicas, que dirige Luis Lobo Chaklian. El funcionario apuntó que “inacción es un término bastante fuerte” y que la problemática tiene distintos matices. Según dijo, los problemas actuales responden a malos manejos del pasado: mencionó el espacio físico de la dependencia, los recursos humanos disponibles y los elementos tecnológicos con los que contaban. También hizo alusión a “la transgresión de la norma y un comportamiento bastante errático de algunos personajes”. “Ahora hay una decisión política de rectificar el rumbo y de generar condiciones adecuadas para que no hayan más complicaciones”, señaló.
En este sentido, el funcionario aseguró que el municipio removió a unas 24 personas entre administrativos, técnicos y profesionales en la oficina de Catastro para “darle mayor claridad a la gestión”. “Cuando entrás a un sistema con esa realidad, tenés que hacer una cirugía como corresponde: empezamos a dar una serie de observaciones y no la hemos podido completar todavía, pero es un tema bastante complejo”, fundamentó Lobo Chaklian.
Además, el arquitecto remarcó que se han mantenido distintas reuniones con los Colegios profesionales y que hay un compromiso asumido. A su vez, indicó que en las próximas semanas las “demoras” se resolverían. “Hemos tratado de ver cuáles son los elementos fundamentales para que hagamos una transformación real y ellos está dispuestos a colaborar. Pero mientras eso sucede, yo estimo que en unas dos semanas y no más allá de fines de julio nosotros vamos a tener todas las situaciones normalizadas”, manifestó.
En este sentido, Lobo Chaklian reiteró que los trámites que pasan por la Dirección de Catastro son demasiados y que cada carpeta que ingresa cumple su propio procedimiento. “Hay 174.000 padrones en toda la ciudad. Y acá está todo: para pedir un permiso para remodelar una mejora en tu casa, si se quieren hacer obras nuevas, toda la actividad normal. Y no es sencillo, porque para establecer una nueva metodología de trabajo necesito preparar y capacitar a la gente”, reiteró.
Norma desactualizada
Las problemáticas desatadas en Catastro -según dijo Lobo Chaklian- también son resultado de la desactualización del Código de Planeamiento Urbano. La planificación para su modernización tomó fuerza en el último tiempo ya que se conformó oficialmente la comisión especial en el Concejo Deliberante que diseñará una nueva normativa, de la que participan funcionarios municipales y expertos en el asunto. “Por eso estamos trabajando en estudios y bases para que traigamos una modificación en un Código que tiene más de 30 años, donde había otro contexto, otra política, otra situación económica, otra visión de cómo se manejaba la ciudad. Toda esa visión ha cambiado, y obviamente, eso nos causa retraso”, reiteró.
Para la reforma del Código se proyectan tres etapas que tendrán una duración total estimada de un año: diagnóstico y audiencias (entre tres a cuatro meses), recepción y análisis de propuestas (cuatro meses) y redacción del anteproyecto (de tres a cuatro meses). A ello debe sumársele la presentación y dictamen final que, especulan, podría llevarse a cabo en uno o dos meses. A su vez, la redacción será por etapas y habrá una revisión técnica y legal por parte de asesores jurídicos del Concejo Deliberante y de los colegios profesionales.